La psiquiatra Alexandra Hichez puso sobre la mesa una de las verdades más incómodas y menos comprendidas sobre la salud mental: el suicidio en pacientes con diagnósticos psiquiátricos no ocurre, en la mayoría de los casos, durante una crisis aguda, sino en momentos de aparente estabilidad.
“La mayoría de pacientes que tienen un diagnóstico psiquiátrico y se suicidan es en el momento que están estables, no es cuando están en la crisis”, explicó. Lejos de la imagen común de descontrol, la especialista señala que estos actos suelen darse en etapas depresivas, cuando el paciente está calmado y consciente de su realidad.”
En ese momento, afirma, hay mayor lucidez: “El paciente de salud mental en el momento del suicidio es cuando más lúcido está respecto a lo que le está pasando o cuando más decidido está de no querer seguir viviendo así”. No se trata simplemente de un deseo de morir, sino de un nivel de sufrimiento tan profundo que empuja a la persona a quitarse la vida.
Esquizofrenia, psicosis y el caso de violencia en Naco
El reciente caso de Jean Andrés Pumarol, quien asesinó a una mujer e hirió a cinco personas en el ensanche Naco en medio de un brote psicótico, reavivó el debate sobre los trastornos mentales graves y su relación con la violencia.
Hichez aclaró que los episodios psicóticos implican una alteración profunda del pensamiento, donde pueden aparecer alucinaciones y delirios que llevan a conductas “aberradas o bizarras”. Sin embargo, enfatizó que estos episodios no surgen de la nada.
“Aunque su manifestación es brusca, su instalación es progresiva”, explicó. Antes del brote, suelen existir señales: insomnio, aislamiento, cambios de conducta o retraimiento. Es decir, hay advertencias que muchas veces pasan desapercibidas por falta de cultura en salud mental.
Además, desmontó un mito frecuente: la mayoría de los homicidios no son cometidos por personas con diagnósticos psiquiátricos. De hecho, el riesgo de violencia es comparable al de cualquier otra persona sin diagnóstico.
Vacíos del sistema: sin cárceles psiquiátricas forenses
Uno de los puntos más críticos señalados por la especialista es la falta de infraestructura adecuada para manejar estos casos en el sistema judicial.
Aunque en situaciones como la de Pumarol puede proceder un “no ha lugar” por condiciones de salud mental, esto no significa que el paciente deba regresar a su hogar. “Él tiene que ir a un centro donde esté restringido de libertad, pero que tenga atención psiquiátrica”, indicó.
El problema es que en el país no existen cárceles psiquiátricas forenses. Actualmente, muchos pacientes terminan en condiciones inadecuadas: de casi 500 reclusos con diagnósticos psiquiátricos, solo unos 125 están en espacios diferenciados —que ni siquiera cumplen con estándares de pabellones— mientras el resto convive con la población penitenciaria general.
- Para Hichez, la decisión del juez fue la correcta, aunque argumentó que existe un “fallo social” más que judicial, por la falta de cárceles psiquiátricas.
Pobreza y salud mental: una relación determinante
La especialista también abordó un tema estructural: el impacto de la pobreza en la evolución de las enfermedades mentales.
“Los diagnósticos son de ricos y las enfermedades son de pobres”, afirmó, señalando que las condiciones socioeconómicas influyen directamente en el acceso a tratamiento, seguimiento y calidad de vida.
En ese sentido, comparó casos similares con desenlaces distintos, subrayando que la precariedad agrava los cuadros clínicos y limita las opciones de atención, aumentando el riesgo de decisiones trágicas.
El problema del lenguaje: términos mal utilizados
Hichez advirtió sobre el uso incorrecto de términos en el ámbito legal y social. Uno de ellos es “demencia”, que muchas veces se aplica de forma errónea.
Desde el punto de vista médico, la demencia es una patología neurológica, no psiquiátrica, y no debe utilizarse en menores de 13 años. Asimismo, criticó el uso de expresiones como “loco” o “enajenado”, y mostró preocupación por la introducción del término “perturbación mental” en el marco legal.
“Perturbados estamos todos”, ironizó, señalando que este concepto abre una brecha demasiado amplia que podría prestarse a interpretaciones peligrosas en el ámbito judicial.
Falta de cultura y respuesta institucional
Otro de los grandes retos es la falta de cultura en salud mental. Muchas familias interpretan erróneamente los síntomas: por ejemplo, consideran positiva una etapa depresiva porque el paciente está “tranquilo”, sin entender que puede ser una fase de alto riesgo.
- También existen debilidades en la respuesta institucional. Aunque la ley contempla intervenciones involuntarias cuando una persona representa un peligro, en la práctica hay confusión entre autoridades, familiares y sistema judicial, lo que deja a muchos pacientes sin atención oportuna.
Una realidad alarmante
Según datos citados por la especialista, alrededor del 20% de la población dominicana tiene alguna condición de salud mental. Además, más del 50% mantiene una relación problemática con sustancias.
Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la necesidad urgente de políticas públicas efectivas, incluyendo la creación de centros especializados, educación ciudadana y fortalecimiento del sistema de atención.
Las declaraciones de la doctora Alexandra Hichez no solo desmontan mitos sobre la salud mental, sino que evidencian fallas estructurales en el sistema dominicano. Desde la forma en que se entiende el suicidio hasta la ausencia de infraestructura adecuada y el peso de la pobreza, el país enfrenta un desafío complejo que requiere respuestas urgentes, integrales y basadas en evidencia.
