Pekín.- Coincidiendo con el Qingming, la festividad en la que millones de chinos honran a sus ancestros, el coste de los funerales y los entierros se ha convertido en una preocupación creciente para muchas familias en el país.
El precio de las tumbas, que en grandes ciudades supera los 100.000 yuanes (unos 14.550 dólares), y la falta de transparencia en los servicios han convertido el entierro en un gasto relevante para numerosos hogares.
Para contener ese impacto las autoridades han intensificado la regulación, promovido alternativas y tratado de cerrar las grietas por las que han surgido prácticas al margen.
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Morir, un gasto creciente
En China, el coste de un entierro tradicional ha crecido al calor del encarecimiento del suelo y de la escasez de espacios funerarios, especialmente en grandes ciudades.
En cementerios de urbes como Shanghái o Shenzhen los precios llegaron a rondar los 200.000 yuanes (29.000 dólares), mientras que los derechos de uso suelen limitarse a unos 20 años y conllevan tasas de mantenimiento.
Esa combinación de precios elevados y condiciones poco homogéneas ha alimentado durante años el malestar social en torno a un sector marcado por la falta de transparencia.
Las propias autoridades han reconocido problemas como la escasa claridad en la descripción de los servicios, la ausencia de información accesible en línea o la dificultad de muchas familias para comparar costes en un momento especialmente sensible.
El profesor de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China Xie Zhiyong señaló a medios locales que las nuevas medidas buscan «reducir el carácter financiero del sector funerario» para que «un lugar de descanso digno deje de ser un lujo».
La revisión del Reglamento de Gestión Funeraria aprobada el pasado marzo busca corregir parte de estas distorsiones con medidas como la limitación del tamaño de las tumbas, hasta 0,5 metros cuadrados en sepulturas individuales y 1 metro cuadrado en dobles, y la prohibición de construcciones consideradas excesivas.
Más de 11.000 empresas vinculadas a cementerios operan en China, aunque el ritmo de nuevas inscripciones se ha frenado, con 339 nuevas compañías en 2025 y apenas 42 en lo que va de 2026, según datos de la consultora Qichacha.
Alternativas al margen del sistema
El peso económico del entierro tradicional ha favorecido la aparición de soluciones informales como las llamadas ‘casas de cenizas’, viviendas adquiridas no para residir en ellas, sino para depositar urnas funerarias y realizar rituales conmemorativos.
El fenómeno, detectado en varias ciudades, responde parcialmente a la diferencia de coste entre una tumba y una vivienda, así como a la mayor duración de los derechos de uso de estas últimas, que pueden alcanzar los 70 años frente a los periodos limitados de los cementerios.
En algunos casos, las familias optan por apartamentos en zonas periféricas o de menor precio como alternativa asequible y duradera.
Sin embargo, esta práctica ha generado conflictos: vecinos han denunciado el impacto psicológico, la posible devaluación de los inmuebles o el uso irregular de espacios destinados a la vida cotidiana, tras detectar visitas con ofrendas o rituales funerarios en estos apartamentos.
Expertos legales advierten de que este uso puede vulnerar principios del derecho civil, mientras que las autoridades reconocen dificultades para supervisar un fenómeno que a menudo no se declara abiertamente.
La nueva normativa funeraria prohíbe expresamente el uso de viviendas para almacenar cenizas.
Control estatal y giro ecológico
Ante estos desequilibrios, China ha reforzado el control sobre el sector funerario con el objetivo de contener costes y reforzar su carácter de servicio público.
Una nueva normativa obliga a detallar claramente los precios de cada servicio, prohíbe cargos fuera de las listas oficiales y exige mayor transparencia, según la Administración Estatal de Regulación del Mercado y el Ministerio de Asuntos Civiles.
La reforma también reserva la prestación a entidades autorizadas y limita prácticas como la externalización de morgues por parte de hospitales.
Además, establece restricciones sobre el uso del suelo y prohíbe la construcción de tumbas fuera de cementerios autorizados.
En paralelo, las autoridades impulsan un cambio de modelo con el fomento de los llamados entierros ecológicos, que incluyen el esparcimiento en el mar, el enterramiento bajo árboles o en césped, en muchos casos subvencionados o gratuitos.
En 2025 se registraron más de 50.000 entierros marítimos, un aumento del 170 % respecto a 2020, mientras que al menos 28 provincias han adoptado políticas de apoyo, según datos oficiales.
Pese a estos incentivos, estos entierros representan aún en torno al 4 % del total, reflejando la persistencia de prácticas tradicionales en una sociedad donde el culto a los ancestros mantiene un peso relevante.
