El coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, consideró que figuras vinculadas al Gobierno no debieron emitir juicios críticos sobre la decisión judicial en el caso de Jean Andrés Pumarol, al entender que el juez actuó conforme a lo que establece la ley y en respeto a la independencia del sistema de justicia.
- El análisis se produce luego de que un juez dictara No ha Lugar y tratamiento psiquiátrico para Jean Andrés Pumarol, acusado de asesinar a una señora, a su perrita y causar heridas a otras personas, en el sector de Naco.
Martínez Pozo sostuvo que, aunque comprende las reacciones de familiares de la víctima, no ocurre lo mismo con autoridades públicas. “Respetando todo el dolor de ustedes, no les correspondía a ninguna de las dos hacer el tipo de pronunciamiento que hicieron”, expresó, en referencia a declaraciones ofrecidas por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y la primera dama, Raquel Arbaje.
El comunicador indicó que ambas figuras, por sus roles institucionales, deben actuar con prudencia al referirse a decisiones judiciales. “Ellas no pueden apartarse de sus roles… la justicia tiene que jugar su rol”, afirmó, al insistir en que quienes forman parte del Estado deben ser garantes del respeto a la institucionalidad.
Actuación del juez
En ese sentido, el comunicador defendió la actuación del juez en el caso, señalando que se ajustó a lo que dispone la normativa vigente. “El juez actuó jurídicamente de manera correcta. El juez hizo lo que tenía que hacer”, enfatizó, al explicar que la decisión estuvo basada en la condición de inimputabilidad del imputado debido a su estado mental.
Martínez Pozo advirtió que cuestionar una decisión judicial en esas condiciones podría interpretarse como un atentado contra la independencia del sistema. “La bofetada a la justicia habría sido lo contrario”, dijo, al señalar que hubiese sido incorrecto que el juez actuara movido por presiones sociales o políticas en lugar de apegarse a la ley.
Asimismo, explicó que el magistrado no tenía margen para actuar distinto a lo que establece la legislación. “Eso es lo que establece la ley… él no es imputable penalmente por su situación mental”, indicó, subrayando que cualquier otra decisión habría implicado un acto de populismo u oportunismo judicial.
Finalmente, el analista planteó interrogantes sobre los desafíos sociales que surgen en casos como este, especialmente en contextos de convivencia. “¿En qué condominio… puede colocarse una persona después de esto?”, cuestionó, al reflexionar sobre la complejidad de equilibrar seguridad, convivencia y derechos en situaciones donde intervienen condiciones de salud mental y hechos trágicos.
