La eutanasia de Noelia Castillo Ramos, la joven barcelonesa de 25 años que quedó parapléjica en 2022, se ejecutará este jueves 26 de marzo después de un largo recorrido judicial con la oposición frontal de su padre y el respaldo sostenido de las instituciones. La decisión, ya firme en España, se produce tras el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a suspender cautelarmente el procedimiento, despejando el último obstáculo para su aplicación inmediata.
La propia Noelia ha puesto voz y fecha a ese desenlace en una entrevista concedida al programa ‘Y ahora Sonsoles’, de Antena 3, grabada días antes de la intervención. Se trata de su única aparición pública en todo este proceso. “Me quedan cuatro días porque el 26 ya me hacen la eutanasia”, afirma con serenidad en el avance que ha hecho el magacín, en unas declaraciones que condensan dos años de litigios, tensiones familiares y una decisión sostenida sin fisuras.
El itinerario judicial del caso ha sido exhaustivo. Desde que la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) autorizara la eutanasia el 18 de julio de 2024, a petición expresa de la joven, el procedimiento ha sido impugnado de forma sistemática por su padre, con el respaldo jurídico de Abogados Cristianos. Ninguno de esos recursos ha prosperado.
El Tribunal Supremo avaló la legalidad del proceso y, posteriormente, el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el recurso de amparo al no apreciar “vulneración de un derecho fundamental”. En su resolución, la Sala Segunda descartó cualquier quiebra del derecho a la vida o de la tutela judicial efectiva, consolidando así la firmeza de la autorización.
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Con ese respaldo, la Generalitat de Cataluña reactivó el procedimiento administrativo, paralizado durante la fase judicial, y la CGAC designó al equipo médico encargado de llevar a término la prestación. El calendario quedó entonces pendiente de los últimos movimientos en el ámbito europeo.
Ese último frente se resolvió este mismo martes, cuando el TEDH comunicó la desestimación de las medidas cautelares solicitadas por la familia. Aunque el tribunal de Estrasburgo deberá pronunciarse aún sobre el fondo del asunto, su negativa a suspender la eutanasia ha permitido que el proceso siga su curso sin más dilaciones.
La voluntad de la paciente frente al conflicto familiar
En paralelo al recorrido judicial, el caso ha estado atravesado por un profundo conflicto familiar. Noelia ha mantenido en todo momento una posición firme respecto a su decisión, pese a la oposición de sus padres. “Lo tuve claro desde el principio”, asegura en la entrevista, en la que insiste en que su voluntad no ha variado a lo largo de estos dos años.
“Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”, subraya. La joven reconoce el sufrimiento que su decisión provoca en su entorno, pero reivindica su derecho a poner fin a una situación que considera insoportable: “Yo les dejo sufriendo. Pero, ¿y mi sufrimiento?”.
El deterioro de la relación con su padre ha sido uno de los elementos más duros del proceso. Según relata, llegó a decirle que “para él ya estaba muerta”, en un contexto de enfrentamiento que se ha trasladado también a los tribunales. La figura paterna ha liderado la estrategia judicial para impedir la eutanasia, sin lograr frenar su ejecución.
Distinta ha sido la evolución de su madre, Yolanda, que ha pasado de la oposición inicial a una aceptación resignada. “No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado”, afirma. Su decisión de acompañarla hasta el final introduce un matiz íntimo en un caso de gran exposición pública. Según ha trascendido, ha preparado incluso una bolsa para el día previsto, en un gesto que refleja la dimensión personal de la despedida.
Un caso con derivadas judiciales abiertas
Pese a la inminencia de la eutanasia, el caso de Noelia no se cierra en el plano judicial. Abogados Cristianos mantiene abiertos varios frentes en España, entre ellos dos procedimientos penales vinculados al proceso de autorización.
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Uno de ellos se dirige contra los profesionales que elaboraron la valoración favorable, a quienes se acusa de posibles irregularidades en la tramitación. El Tribunal Supremo llegó a calificar algunos aspectos del procedimiento como “sorprendentes” y “censurables”, en referencia a una alteración del cauce administrativo.
El segundo procedimiento apunta a miembros de la propia Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, por supuestos conflictos de interés. La entidad advierte de posibles consecuencias jurídicas derivadas de la ejecución de la eutanasia mientras estos procesos siguen en curso.
