Bruselas.- La Comisión Europea (CE) estimó este miércoles en 14.000 millones de euros el impacto en los precios de la energía que ha tenido el primer mes de guerra en Oriente Medio, y recomendó una serie de medidas para ahorrar combustible ante la perspectiva de que el conflicto se prolongue, como fomentar el transporte público y el teletrabajo o limitar el tráfico.
El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, apremió hoy a los Estados miembros a buscar fórmulas para reducir el consumo de diésel y queroseno, y puso ese precio al encarecimiento de las importaciones de hidrocarburos de la UE a raíz de la escalada bélica.
«Nos enfrentamos a una situación muy seria (…). No hay que hacerse ilusiones de que será corta, porque no lo será», advirtió Jørgensen en rueda de prensa al término de una reunión extraordinaria por videoconferencia de ministros de Energía de los países de la UE celebrada para analizar la situación.
El político danés indicó que desde el inicio del conflicto los precios del gas han aumentado un 70 % y los del petróleo un 60 %, y subrayó que la principal preocupación concierne al diésel y alcombustible para aviones, el aumento de las restricciones en el mercado del gas, el contagio a los precios de la electricidad y el impacto en la industria.
«Mejor estar preparados que lamentarlo», insistió.
Recomendaciones ante la prolongación del conflicto
Como preparación para la reunión telemática de hoy, Jørgensen planteó una serie de medidas concretas de ahorro de consumo de combustibles fósiles a los Estados miembros, basándose en un documento de recomendaciones publicado recientemente por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Estas incluyen aumentar el teletrabajo cuando sea posible, reducir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 km/h, fomentar el transporte público, alternar el acceso de coches privados a las carreteras en grandes ciudades según el día o evitar los viajes en avión cuando existan alternativas, entre otras.
Jørgensen no fue claro sobre la reacción de los ministros de los Estados miembros a esas recomendaciones, que sí respaldó en conferencia de prensa el ministro de Comercio, Energía e Industria de Chipre, Michális Damianos, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
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«Reducir la demanda energética sigue siendo una pieza central» de la estrategia comunitaria, dijo el chipriota.
Por su parte, el comisario dijo que «no hay una solución única».
«No esperamos que todos los Estados miembros implementen los diez puntos, pero es una muy buena caja de herramientas», comentó el danés, quien añadió que la Comisión presentará otras propuestas para hacer frente a una crisis de precios prolongada.
Bruselas intentará hacer los contratos por diferencia (CfD) y los acuerdos privados de compraventa de energía eléctrica (PPA) más amplios y fáciles de aplicar, además de recomendar reducir impuestos a la electricidad y facilitar opciones financieras.
Algunas de esas medias ya se ensayaron en 2022 al calor de la crisis de precios del gas desatada por la invasión de Rusia sobre Ucrania, aunque entonces la carestía afectó principalmente al gas, y se contagió a la electricidad, mientras que ahora hay «una gama más amplia de problemas», según Jørgensen.
Por ello, la Comisión también baraja ahora otras soluciones más radicales que ya se introdujeron entonces, como poner un tope a los precios mayoristas del gas o recuperar los «beneficios caídos del cielo» de las compañías energéticas si los precios siguieran subiendo.
«Es una posibilidad», dijo Jørgensen, quien insistió en que «nadie sabe cómo de larga será la crisis, pero es muy importante subrayar que no será corta».
